Los intendentes del Conurbano ya cruzaron entre sí las primeras apreciaciones del presupuesto 2019 redactado por el gobierno de Maria Eugenia Vidal y coinciden en el fuerte impacto que tendrá el ajuste sobre los municipios.

Los alcaldes de la oposición comenzaron diagramar una estrategia para negociar en la Legislatura algunos cambios les permitan amortiguar los millonarios costos que recaerán sobre las siempre complicadas arcas municipales a partir de enero.

Uno de los puntos que generó ruido entre los jefes comunales del peronismo tiene que ver con el Fondo de Educativo. Se trata de una partida que el gobierno nacional gira a las provincias y que a su vez, una porción, las provincias deben girar a los municipios para gastos educativos.

La pelea que se viene dando en los últimos años tiene que ver con el destino que finalmente los intendentes dan sobre esos fondos. Mientras desde el gobierno provincial insisten en que deben afectarlos a obras de infraestructura en las escuelas, los alcaldes prefieren gastarlos en salarios a docentes por fuera de la educación formal (por ejemplo, talleres en los barrios).

Los intendentes deberán afrontar un gasto extra de hasta 23.000 millones 

Con el drama de la explosión en la escuela de Moreno -que dejó dos víctimas fatales- de fondo, el presupuesto de Vidal exige que el 100% de lo que la provincia gira a los municipios sea destinado a obras de infraestructura escolar (el año pasado estaban obligados a afectar el 50%).

Como parte de la negociación que se profundizará en las próximas horas, los intendentes dicen que aceptan la imposición de afectar la totalidad del Fondo Educativo para obras siempre y cuando el gobierno provincial también afecte el 100% de lo que recibe de Nación para arreglar las escuelas. "Si las dos partes afectamos el 100%, en poco tiempo arreglamos todas las escuelas", dijo a LPO un intendente con representación legislativa.

Algunos números. Del fondo girado por nación a la provincia de Buenos Aires durante este año, el gobierno de Vidal giró a los municipios 7.200 millones, pero se quedó con 36.000 millones. Los intendentes quieren que la Gobernadora afecte la totalidad de esos recursos a arreglar las escuelas.

Quizás la contrapropuesta de los alcaldes sirva más como chicana que como propuesta formal. Es que la partida de 36.000 millones que retiene la provincia va directamente al ministerio de Educación y se licúa en el pago de salarios.

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Por eso, el objetivo de los intendentes del Conurbano es exponer que Vidal utiliza los mismos recursos para pagar sueldos, mientras les exige que ellos los utilicen para obras de infraestructura.

El capítulo del Fondo Educativo asoma como uno de los tantos puntos de conflicto que tendrá el presupuesto 2019 con los intendentes. Se suma además, la decisión del gobierno de transferir a los municipios la tarifa social energética, un porcentaje de los subsidios al transporte -que corresponde a las líneas municipales- y los costos del Ceamse.

Según números del gobierno, los intendentes deberán absorber unos 13.000 millones entre tarifa social energética (8.000 millones), subsidios al transporte (2.500 millones) y Ceamse (2.500 millones).

Pero las cuentas en los municipios arrojan números que están muy por encima. Calculan 11.600 millones de tarifa social, 4.300 de transporte y 2.900 de alumbrado público.

En las últimas horas el grupo de WhatsApp de los jefes comunales con representación legislativa arde.